Opinión
	Nada de arbitrariedades
	Por RODRIGO WONG ARÉVALO

         
            Los desmesurados incrementos del impuesto sobre bienes inmuebles que pretende el alcalde Ricardo Álvarez han despertado el debate de la población que no encuentra razonable, desde ningún punto de vista, el alto nivel del aumento, tomando en cuenta que todo está en función de la retribución que los contribuyentes recibimos de nuestra autoridad municipal y de los parámetros establecidos por el costo de vida, la relación beneficio de las propiedades y su utilidad, etc. De acuerdo a una carta de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, el alcalde no se tomó la molestia de concertar el aumento como lo establece el plan de arbitrios, noventa días antes de entrar en vigencia, por lo que la alcaldía cometería un grave error si persiste en su temeraria decisión, pues incurriría en el delito de abuso de autoridad, por lo que cualquier contribuyente puede acudir con una denuncia ante el Ministerio Público o proceder directamente ante los tribunales de justicia, pidiendo la aplicación de la ley al alcalde con consecuencias políticas para su carrera.
            El alcalde Ricardo Álvarez respondió a nuestros señalamientos en un comentario con una rabieta agresiva, impropia de un funcionario, que lo retrata como una persona con escasas condiciones como para ser un servidor público. Todo funcionario está obligado a dar satisfacciones a los contribuyentes cuando hay un reclamo por aumentos exagerados en materia de impuestos, especialmente cuando se imponen burlando aspectos legales que deben respetarse. Responder en la forma como lo hizo el alcalde Álvarez lo exhibe como cualquier persona menos como la indicada para asumir altas responsabilidades en el país. Al hacerlo como lo hizo sólo demostró su carácter de dictadorzuelo, propio de los políticos populistas proclives a las formas dictatoriales, que no son exclusivas de la izquierda, también son practicadas por los ultraderechistas. Al resistirse a la crítica razonable que le pide reflexión sobre un aumento avorazado a un impuesto que debe ir en concordancia con los beneficios que espera el contribuyente, el alcalde se expone a una revisión exhaustiva de su conducta política.
            Por ahora ya sacó las uñas de principiante de dictador, pero estamos a buen tiempo para hacerlo recapacitar porque los hondureños no estamos dispuestos a soportar otro populista barato. Bastante tuvimos ya con el que se quiso adueñar del país como para pensar que le abriremos las puertas a un pequeño Pinochet. El alcalde se arriesga a que, frente a esta demanda que pide una revisión consciente del impuesto de bienes inmuebles,  excitemos al Congreso Nacional de la República a que no apruebe el impuesto del peaje que pretende la alcaldía capitalina mientras no acceda a revisar sus pretensiones impositivas de bienes inmuebles. El pueblo debe saber que el alcalde Ricardo Álvarez ya comenzó a movilizar sus cuadros para trabajar su candidatura presidencial y, como la Ley de Emisión del Pensamiento nos concede el beneficio de poder comentar el tema, podríamos suponer que hay una alocada intención de percibir recursos económicos de donde sea para financiar actividades de esa campaña. Un político se expone a que se piense en esta forma cuando la gente ve que hay un accionar inusitado en procura de recoger dinero. Y como en Honduras los políticos sin escrúpulos usan los fondos públicos en campañas, vaya usted a creer a dónde podrían ir los dineros del peaje, en un largo período de cuatro años de lucha política, donde el alcalde tiene rivales de peso que vencer para ganar la candidatura.
            Y aunque ahora sea el favorito del Presidente Lobo, que lo pasea como santo de pueblo en todo evento del gobierno, incluso donde sobra la presencia del alcalde, tiene que vencer a Mario Canahuati, a Oscar Álvarez, a Miguel Pastor y nada menos que al poder tras el trono en el gobierno, el presidente del Congreso. Y para esta larga lucha se necesita mucho dinero, sin duda. Por eso, además del asunto del impuestazo de bienes inmuebles, exigimos que el Ministerio Público investigue a fondo el tráfico gris telefónico descubierto hasta ahora, pero que pudo implementarse en plena campaña electoral el año anterior. Pero, vamos despacio, porque ahora lo que urge, no es dejar en la lona a la alcaldía que necesita recursos para atender el inmenso ejército de activistas, sino que se nos cobre lo justo y lo razonable. Es lo único que exigimos los contribuyentes. Lo demás, el tráfico gris y otras cositas que están en el tintero de las investigaciones será materia para más adelante.

Opinión
	La desgracia de la capital
	Por CÁNDIDO

            Dentro de todas las desgracias que caen sobre Tegucigalpa una de las más graves que afectan la actual forma de vida y el futuro de la capital es el asedio urbanístico que padece el entorno capitalino, donde cualquier grupo indeterminado llega, ocupa predios privados o tierras ejidales, instala unas cuantas casuchas y con eso basta para proclamar otra invasión más, sin que la alcaldía diga ni pío. Esto no es de ahora, es decir que esta irresponsabilidad no sólo es del alcalde Álvarez, sino que es una historia de la que han participado por lo menos unos cinco alcaldes anteriores.
            El goteo de invasiones a propiedades privadas cuyos dueños durante muchas décadas han venido ejerciendo actos de dominio y posesión, así como distintas funciones sociales que permite la tierra, es una lacra social que debe ser frenada de inmediato para garantizar el régimen jurídico de tenencia de la tierra, que es uno de los aspectos esenciales que las personas esperan del sistema judicial. No puede pregonarse que en un país hay seguridad jurídica cuando el sistema es incapaz de garantizar la tenencia de la tierra en calidad de propiedad privada  y este conflicto que provocan los invasores profesionales, que hoy invaden un sector y mañana otro para alimentar las esperanzas de pequeños propietarios, que además de tener su casa ansían tener otras propiedades, se ha venido multiplicando al estilo de la bola de nieve que en la medida que se le permite, crece a niveles de un gran problema social.
            En las últimas semanas los medios han venido denunciando una enorme invasión en el lugar denominado Santa Rosa, en el sector sur de la capital, donde se instalaron pequeñas casuchas resguardadas por gente armada que amenaza a funcionarios y periodistas que se acercan al lugar para percatarse del alcance de la invasión. No hay un solo día que no se tenga una queja por invasión a propiedad privada y cuando no es en la capital, el asedio se da en otros municipios circunvecinos como Santa Ana, San Buenaventura, Ojojona, etc… Las posiciones tibias y complacientes de los alcaldes se vuelven el mejor estímulo para que el invasor profesional prosiga con su negocio de apoderarse por medio de títulos falsos de grandes predios que están registrados con plenos derechos por sus legítimos propietarios. Y la complicidad de funcionarios inescrupulosos del Registro de la Propiedad juega también a favor de este asedio urbanístico ilegal que se volvió una actividad lucrativa que sólo puede crecer en un país sin leyes o donde los que aplican la ley se lucran permitiendo ilícitos como la invasión a Santa Rosa.

Más allá de Santa Rosa, en el sector conocido como Cerro de Hula hay propiedades que han estado registradas por décadas donde últimamente han aparecido supuestos propietarios de nuevo cuño que se inventan cualquier título falso para proclamarse en nuevos dueños. Cuando el sistema permite esta lacra hay un riesgo sobre todo el régimen de propiedad que deriva en una inseguridad jurídica que afecta la estabilidad social y ahuyenta la posibilidad de mayor inversión en el país. Hay que cortar este goteo ilegal peligroso que pone a Honduras en la primera línea de la corrupción, porque sólo en un país desordenado donde campea lo corrupto sobre lo legal es que los bienes pueden cambiar de propietarios de la noche a la mañana por la fuerza de la bribonería de unos cuantos que han encontrado la forma de enriquecerse organizando invasiones ilegales para ocupar tierras privadas que luego venden en lotificaciones que les resultan negocio redondo, como suele resultar todo ilícito que se ejecuta por la vía de la sinvergüenzada.